Al celebrar nuestra trigésima cuarta Asamblea Ordinaria, nuestra institución, sensible a los cambios que se operan en la sociedad dominicana, queremos compartir nuestras reflexiones institucionales con la comunidad nacional, a los fines de contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia y el derecho a la ciudad, considerando los cambios que se operan en un contexto histórico complejo, que invita a un ejercicio responsable de las organizaciones de la sociedad civil.
La vulnerabilidad creciente en nuestras ciudades, como resultado de una acción humana irresponsable y los efectos del cambio climático, expresado en manifestaciones violentas de la naturaleza, nos conminan a sumar esfuerzos en aras de proteger nuestros pueblos, especialmente aquellos núcleos poblacionales que resultan ser los más afectados por la vulnerabilidad climática.
Vivimos un momento de pleno estrés de nuestro sistema democrático, como resultado de la profundización de la desconfianza en los actores del sistema de partidos y la pronunciada mercantilización de la actividad política, tensando la gobernabilidad democrática y poniendo en riesgo importantes conquistas institucionales y el Estado de derecho.
Nuestro compromiso por una ciudad con participación popular, nos interpela a actuar como ente activo de la sociedad civil dominicana, con miras a fortalecer el diálogo político, exigir respeto por el Estado de derecho y fortalecer la cohesión social, como único camino que conduce a un desarrollo inclusivo y justo.
Tomando en cuenta esta realidad antes descrita, nuestra Asamblea Ordinaria comparte las siguientes preocupaciones y propuestas con la comunidad nacional:
1. Dado que la deuda de inversión pública y los déficitsde planificación urbana, amplifican la vulnerabilidad ante crecientes episodios de desastres, que provocan pérdida de vidas, bienes materiales y profundizan las precarias condiciones de vida de nuestras comunidades, afectando en menor medida, pero de igual importancia, a sectores residenciales de clase media y alta, instamos al gobierno central y a los gobiernos locales, adoptar cuantas medidas sean necesarias para reducir los niveles de vulnerabilidad de los asentamientos precarios; como consolidar los instrumentos regulatorios para el mercado inmobiliario, poner en operación la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamiento Humanos, con miras a reorientar la construcción de una ciudad que garantice la vida digna.
2. La vivienda sigue siendo un privilegio y no un derecho, dado que a pesar de los esfuerzos que se ha hecho desde el sector privado y el Estado, sigue siendo insuficiente la inversión y el acceso sigue estando fuera del alcance de los que menos pueden, urge adoptar medidas que permitan ampliar el ritmo de inversión, reducción de los costes y mejorar el acceso y cobertura de la vivienda de interés social.
3. Nos solidarizamos con las familias adquirientes de unidades habitacionales sujetas a crédito de entidades de intermediación financiera que actúan a la libre, con la ausencia de un ente que norme las medidas unilaterales que encarecen el financiamiento, incrementando las tasas de interés, afectando la calidad de vida de los adquirientes.
4. Instamos al gobierno a reforzar la seguridad ciudadana, disminuyendo los eventos que atentan contra la vida en nuestras calles. A ese respecto, demandamos trascender las acciones previstas en la reforma policial y eficientice su actuación para controlar el crimen organizado, involucrando a la ciudadanía en las acciones de prevención del delito.
5. Considerando que en este mes de mayo acumulamos treinta (30) años de la firma del Pacto por la Democracia, proceso resultante de la crisis electoral del año 1994, tomando en cuenta un ostensible deterioro de la calidad de la democracia, hacemos un llamamiento a los distintos partidos políticos que participarán en el proceso, para que hagan uso de la moderación, que concentren su actuación en la presentación de propuestas viables que favorezcan un clima de inversión y de convivencia pacífica, conforme a la estimación de una ciudadanía que valora la democracia, muy a pesar de los límites mostrados por la desigualdad social y las brechas existentes.
6. Recordamos que las elecciones son solo un momento de un proceso de consolidación democrática, por lo que apostamos, a que el proceso electoral resulte ser una fiesta en la que todos los actores queden satisfechos de este, independientemente de los resultados obtenidos. En ese sentido, confiamos que la Junta Central Electoral, jugará su papel de árbitro imparcial, escribiendo, de ese modo, una nueva página de gloria para nuestra historia democrática.