Atendiendo a una solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, impuso la prisión preventiva, como medida de coerción, contra los cabecillas de la red que se dedicaba a traficar con haitianos y declaró el proceso de tramitación compleja, luego de hallar suficiencia probatoria en los elementos que, junto a la instancia, depositó el organismo investigador.
La jueza Stephanie Santiago Reyes ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva contra los imputados José Andrés Cabrera Francisco (Jairo), Enmanuel Jiménez González (Jhon Manuel), Carlos Bladimir Cuevas Peña (Carlos Pistola), Ricardo Francisco Martínez González (Ricardito), Ramona Salvadora Tapia Flores y Jeffrey Alberto Felipe Acevedo.
Estos privados de libertad permanecerán encarcelados en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres y, en el caso de Tapia Flores, en el CCR Rafey Mujeres.
Entre tanto, el tribunal ordenó garantías económicas, la prohibición a salir del país y la presentación periódica el último viernes de cada mes, contra los imputados Freddy Esmeraldo Gómez, Olga Acevedo Capellán y Griselvis Miguelina Parra Hernández.
Gómez, deberá saldar un monto de 2 millones de pesos, mediante contrato por compañía aseguradora; Acevedo un monto de 500 mil, igualmente por compañía aseguradora, y Parra Hernández el monto de 300 mil, bajo la misma modalidad de contrato.
Como toda organización criminal, el grupo empleaba diversas maniobras para evadir la justicia y, por la vía terrestre, entrar a territorio dominicano desde Haití a personas indocumentadas a quienes trasladaban desde Dajabón a la provincia Valverde y, desde allí, al municipio Navarrete, en Santiago, demarcación en donde desde casas, terrenos baldíos y cuarterías servían como centros de acopio para esconder a los indocumentados.
La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, desarrollaron numerosas diligencias de investigación a fin de poder identificar a los miembros de la estructura y establecer cuáles eran sus roles en la organización.
Junto a la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, los organismos investigadores lograron identificar las rutas que esta red criminal utilizaba para el trasiego de estas personas en condición de irregularidad.
Los traficantes imponían el pago de sumas de dinero que oscilaban entre $8,000 y $17,000 pesos por persona.
La Fiscalía y la Procuraduría Especializada, que en audiencia de estuvieron representadas por los miembros del Ministerio Público Elvin Ventura, Martha González y Ginna Matías, reiteran que con la desarticulación de esta red, han asestado un golpe contundente a uno de los delitos más atroces de los que se tiene conocimiento, en tanto que laceran y violan los derechos humanos fundamentales de las personas.
A través del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas se cometen otros ilícitos conexos igual de perturbadores como la explotación sexual y comercial.
Las medidas de coerción se impusieron en atención a los cargos provisionales que este organismo investigador presentó contra el grupo por violación a los artículos 2 y 7, literales C, D y F, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículo 2, numeral 11; 3, letras A, B y C, de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, en perjuicio del Estado dominicano.
Adicionalmente, contra Cuevas Peña, que posee varios registros por antecedentes penales, se presentaron cargos por violentar los artículos 2, 47, letras C, D, E y H, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículo 2, numeral 11, y 3, letras A, B y C, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.