Las organizaciones y plataformas como; Ciudad Alternativa, FORO CIUDADANO, El Movimiento por las pensiones de los servidores públicos (MOPESEP), la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (FENADID), La Red Urbano Popular, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), Consejo Socio-Comunitario Tú Decides por la Comunidad-(CSOCDECON), Instituto de Desarrollo y Salud Integral INDESUI, Comité de Salud de Villas Agrícolas, Federación Sindical Mundial (FSM), capítulo Dominicano, La Fundación Expresiones Artes, Salud y Genero (FEARSAGE), Fundación Arcoíris, Confederación Unitaria de Trabajadores ( CUT), Alianza Femenina por la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad”,(AFEDIS),Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora (ASODIFIMO), el Movimiento Médico Dr. Tejada Florentino, la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Fundación Arcoíris, Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa, (IDEAC), Centro de Investigaciones para la Acción Femenina (CIPAF), Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres y la Coalición por la Seguridad Social Digna solicitaron al diputado Francisco Javier Paulino, presidente de la Comisión de Hacienda un encuentro en el marco de la invitación a Vista Pública convocada por el Congreso Nacional entregaron un documento en el cual reclaman el Pacto Fiscal dialogado y consensuado.
En dicho documento, citan que se realice, tal y como establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y que esté orientado a fortalecer el orden fiscal del Estado dominicano para financiar desarrollo, bienestar y justicia social en el país, lo cual no se va a lograr si se mantienen el endeudamiento, el malgasto de recursos, el sistema tributario regresivo y la concentración de la riqueza vigentes hasta hoy pese a las décadas de alto crecimiento económico.
El documento entregado, contó con apoyo de académicos/as de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las organizaciones señalan que, a pesar de las demandas de la sociedad y recomendaciones de organismos internacionales para una reforma fiscal integral y justa, la propuesta del gobierno carece de legitimidad social y no respeta la necesidad de “Pacto Fiscal” estipulado en la Ley No. 1-12.
Según los datos analizados, el actual sistema tributario en la República Dominicana es ya de por sí altamente regresivo, ya que los sectores de bajos ingresos soportan la mayor carga impositiva, con un 62% de los ingresos tributarios provenientes de impuestos al consumo. Mientras el salario del 80% de los trabajadores apenas alcanza a cubrir la canasta básica, un pequeño porcentaje de la población, las 2,584 personas de mayores ingresos, concentra el 80% de los ingresos de capital del país.
El sistema favorece a los ingresos de capital, gravando los dividendos a una tasa del 10%, en contraste con tasas muy superiores para las rentas del trabajo. Además, los sectores de altos ingresos evaden impuestos gracias a exenciones fiscales, elusión y evasión, y eluden impuestos sobre la riqueza y grandes ingresos.
Las entidades que prestan deuda pública (bancos privados, empresas financieras, AFP) y grandes importadores también disfrutan de privilegios tributarios, afectando la economía nacional. Por ejemplo, el acuerdo DR-CAFTA permitirá que el arroz de EE. UU. entre sin aranceles, lo que perjudicará la producción local. La reforma fiscal propuesta, en lugar de corregir estas inequidades, profundiza el sesgo regresivo del sistema, limitando la capacidad del Estado para invertir en infraestructura y garantizar derechos a la población.
Es posible revertir esto con un Pacto Fiscal y una reforma que genere suficientes ingresos para que el Estado cumpla con sus deberes sociales de manera justa, aumentando la eficiencia en la recaudación y combatiendo la evasión y elusión fiscal, con un objetivo de reducir el incumplimiento fiscal al 20-25% en cinco años. Para ello se hacen 20 propuestas concretas:
1. Aumentar la lista de bienes exentos de impuestos, incluyendo productos básicos como cereales, legumbres, frutas, vegetales y carnes.
2. Ajustar la tasa de impuesto sobre dividendos al 27% para igualarla con otras rentas, lo que podría generar RD$27,486 millones.
3. Requerir a todas las personas físicas declarar rentas de dividendos del capital, acciones y a las empresas informar a la DGII sobre las mismas.
4. Establecer un sistema de transparencia sobre los ingresos que se generarán por la eliminación de exenciones fiscales a sectores productivos.
5. Exenciones en el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) hasta RD$7 millones, con tasas escalonadas a partir de esa cifra.
6. Fijar el impuesto del marbete en función del valor del vehículo, haciéndolo progresivo.
7. Implementar un impuesto sobre el consumo de bienes de lujo como yates, vehículos de alta gama y joyas.
8. Aumentar el impuesto sobre herencias, donaciones y sucesiones.
9. Eximir a los asalariados con ingresos anuales hasta RD$624,330 de la obligación de declarar.
10. Defender los salarios y bonificaciones de trabajadores de servicios públicos esenciales (salud, educación, policía, defensa, bomberos, entre otros) y los ingresos de pensionados.
11. Revisar exenciones fiscales a sectores que no justifican eficiencia o equidad, como el caso del combustible a zonas francas, cadenas hoteleras y empresas mineras.
12. Aumentar los salarios y bonos asistenciales en el sector público y privado.
13. Actualizar las pensiones no contributivas al nuevo salario mínimo del sector público.
14. Realizar una auditoría integral y repactar la deuda externa e interna del Estado, especialmente con bonistas privados nacionales y extranjeros, bancos comerciales y AFP.
15. Modificar el sistema de seguridad social para reducir el subsidio a intermediarios y prestadores privados, que están absorbiendo y privatizando enormes recursos públicos en desmedro de los servicios del Estado.
16. Suprimir pensiones de lujo y regular salarios excesivos en el gobierno y el congreso.
17. Eliminar y evitar nuevas pensiones especiales y eliminar asignaciones presupuestarias no justificados.
18. Cumplir con la promesa de evitar el arancel 0 al arroz importado bajo el DR-CAFTA y revisar otros cambios arancelarios que afecten la industria local y erosionen los ingresos del Estado.
19. Crear un plan claro de contención del gasto, asegurando que se prioricen los gastos de alto interés social