El aumento de personas con trastornos mentales sin tratamientos adecuados, los tabúes sociales para visitar especialistas del área, el abandono familiar y la falta de políticas públicas, figuran entre las principales dificultades que afectan a miles de familias en toda Latinoamérica, analizadas, entre otros temas, en el Primer Congreso Binacional de Salud Mental, celebrado en el país recientemente por la Coalición Latina de Salud Mental (LBHC).
El congreso, que reunió especialistas del área durante dos días, sirvió de escenario, para la actualización de varios temas vinculados a la salud mental y la proyección de trabajar en conjunto con varias entidades nacionales, reconociendo la necesidad de discusiones abiertas y enfoques innovadores para transformar la atención, de manera accesible e inclusiva.
“Estamos muy contentos con el éxito obtenido, la cantidad de participantes superó nuestras expectativas y hay un evidente interés en el tema, pronto regresaremos para dar continuidad a una serie de proyectos colectivos de salud mental ya iniciados” dijo Héctor Ayala presidente y director ejecutivo de Hispanic Community Counseling Services.
Entre los expertos en el tema participaron, figuran los doctores Arthur Evans, presidente de la Asociación Americana de Psicología (APA), Julio Chestaro, presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y el psicoterapeuta Hanoi Vargas.
Antonio Valdés, CEO de Children’s Crisis Treatment Center, enfatizó en la importancia de dar seguimiento a la salud mental con el fin de poder ayudar a las personas.
El evento tuvo como finalidad fomentar la conciencia sobre la salud mental y reunió a reconocidos médicos y terapeutas, quienes analizaron los temas más relevantes sobre la salud mental.
A nivel mundial, millones de personas padecen este tipo de condiciones y después de la pandemia, por el Covid 19, se registró un aumento significativo de los casos.
Entre los temas tratados estuvieron la creación de sistemas de atención de salud mental, impacto del trauma en los individuos y las comunidades, violencia doméstica, abuso de sustancias y adicción, falta de vivienda, los determinantes sociales de la salud, servicios de prevención e intervención infanto-juvenil, entre otros.